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Un sueño colectivo que crece: Chirimbote cumple 10 años
Este año, Editorial Chirimbote cumple diez años. Y elegimos celebrarlo como más nos gusta: en la calle, con juego, palabras
septiembre 25, 2025
Por Julia Risso Villani, docente, militante y autora de «Curvaturas« / Fotos: Rodrigo Ruiz (para Revista Cítrica) y Martín Luzzi
Las personas con discapacidades vivimos un momento atravesado por la violencia económica, social y simbólica que el gobierno ejerce sobre nosotros y nosotras. Van en estas líneas algunas pistas sobre lo urgente: discutir con la clase política medidas que perpetúen nuestros derechos y que interpele a la sociedad para defenderlos.
Personas a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad que nada saben sobre la temática; despidos arbitrarios; pensiones mal auditadas y, por lo tanto, suspendidas; aranceles atrasados; prestadores que cobran por sus servicios a los tres meses; talleres protegidos y centros de día desfinanciados; incumplimiento del cupo laboral disca, entre tantos otros factores. Esa es la “libertad que avanza” para las personas con discapacidades.
Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, el sistema de protección a los derechos de las personas con discapacidades sufrió un amplio deterioro. Claro que no es algo nuevo ni que se le ocurrió a este gobierno, es una larga cadena de desaciertos y errores políticos.
La crisis económica siempre impacta más en quienes convivimos en los márgenes de las sociedades: las personas que atravesamos la vida con discapacidad somos de las primeras en caer. La realidad económica parece no resolverse y empeorar cada día, aun con una ley de emergencia ya sancionada por ambas cámaras del Congreso Nacional.
El proyecto presentado por el diputado Daniel Arroyo, de Unión por la Patria, declara la emergencia en discapacidad hasta el año 2027, busca regularizar pagos y actualizar aranceles de los prestadores del sistema de salud. También plantea reformar el sistema de pensiones mejorando las condiciones de acceso y permanencia del derecho. Además, se propone fortalecer la Agencia Nacional de Discapacidad, ampliar el cupo laboral, actualizar los lineamientos del Certificado de Discapacidad, entre otras medidas.
Esta ley fue desestimada por el Poder Ejecutivo y por el titular de ANDis, quien caracterizó las medidas “como un modelo asistencialista ya superado” y que “desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”.
Luego, las excusas ya conocidas: “Cualquier ley que rompa el equilibrio fiscal va a ser vetada”. El Ejecutivo tiene hasta el 4 de agosto para vetar la emergencia, lo que llevará a buscar una nueva sesión en la Cámara Baja para rechazar ese veto. Luego, se insistirá con el proceso de judicialización de la normativa, que llevará meses, y mientras tanto… las personas con discapacidad a la deriva.
El gran interrogante es: mientras los de arriba se pasan la pelota, ¿quién ayuda a las y los de abajo?
En este contexto de desidia y abandono hacia todo el colectivo, familias y trabajadores, necesitamos una discusión de fondo real y seria sobre la permanencia de nuestros derechos. En el gobierno de Mauricio Macri, la suspensión de pensiones y los despidos también fueron moneda corriente. En el de Alberto Fernández, el reclamo de los prestadores también era diario ya que la inflación nunca alcanzó los valores del nomenclador, es decir, lo que se le paga a los profesionales por su servicio.
Es por esto que considero que desde hace muchos años vivimos dentro de una constante falta de interés por la temática, y sobre todo, falta de personas con discapacidad en la toma de decisiones.
En un nuevo proceso electoral en la Argentina, y particularmente en la Provincia de Buenos Aires, es menester pensar qué lugar tenemos en las agendas de los candidatos. Mientras la discusión pública se centra en alianzas, internas, traiciones y rejuntes, hay realidades que no entienden de rosca y necesitan especial atención. Debemos trabajar para que los derechos que se construyan sean permanentes e incuestionables.
Siento que nuestras legislaciones siempre están volviendo a foja cero y eso sucede cuando las normativas son parches del momento: siempre la pérdida aparece por otro lugar.
La emergencia en discapacidad no deja de ser un parche que nos condiciona a que nuevamente dentro de dos años y medio volvamos a discutir la miseria a las que muchos se ven sometidos. Precisamos que todos los sectores se posicionen en acuerdos mínimos e intocables. Nuestros derechos no se negocian.
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