Infancias libres
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agosto 12, 2026
El juicio Laguna Paiva II, en la provincia de Santa Fe, culminó con la primera sentencia que reconoce el abandono de niñas y niños durante la última dictadura como delito de lesa humanidad. El desamparo de las infancias no sólo como consecuencia de la represión sino como parte del plan siniestro. La voz de las víctimas y el significado histórico.
Por Mariángeles Guerrero y Gerardo Szalkowicz
En un nuevo hito en la lucha por “Memoria, Verdad y Justicia”, por primera vez un tribunal condenó a represores de la dictadura por el abandono de niñas y niños, y lo reconoció como delito de lesa humanidad.
El juicio Laguna Paiva II, en la ciudad de Santa Fe, culminó con la sentencias al ex policía Antonio Parvelotti a 18 años, al ex policía Eduardo Riuli a 15 años, al ex juez federal de Santa Fe Víctor Hermes Brusa a 14 años (unificado en 25 por penas anteriores) y al ex policía Oscar Valdez a 9 años (pena unificada en perpetua por otra condena).
Todos fueron encontrados penalmente responsables de los delitos de violación de domicilio, aplicación de tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos, privación ilegítima de la libertad y, por primera vez, de abandono de persona en perjuicio de 11 niñas y niños.
Mario Ángel Páez es el hijo mayor del militante sindical de los años 70, Arnaldo Catalino Páez. Cumplió 15 años mientras estaba secuestrado en el Departamento de Informaciones D2 de la Policía de Santa Fe, por donde también pasó su padre y su madre, Juana Medina. En diálogo con Chirimbote, expresó: “Hubo un abandono que no tiene sentido, que no sabemos por qué sucedió. Somos parte de la población campesina y nos formamos en el norte santafesino. Mi padre fue militante de un grupo (sindical) que se denominó ‘La Lucha’ y que se manifestó para tener mejor calidad de vida en cuanto a lo que cobraban. En el frigorífico donde trabajaban llegaban a deberle hasta cinco quincenas”.
Mario reflexiona: “No tenemos que olvidar estos casos, por las generaciones venideras. Nosotros ya estamos mayores y queremos cumplir con una deuda, que es la de dejarles a ustedes esta experiencia que, por más dolorosa que sea, sirva para no equivocarse y no dejarse pisotear nunca más”.
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Hay escenas que se repiten en muchas historias de la última dictadura y que, sin embargo, nunca lograron entrar en los fallos judiciales.
Una chica de 12 años preguntando en una comisaría dónde están sus padres. Otras dos adolescentes, de 12 y 14, haciéndose cargo de sus hermanos menores porque su papá y su mamá habían sido secuestrados. Un bebé de un año y medio en período de lactancia separado forzosamente de su madre. Casas saqueadas. Chicos trabajando en un horno de ladrillos para poder comer mientras esperan que alguien vuelva. Niños de entre 4 y 8 años en un centro clandestino de detención.
Durante mucho tiempo esas escenas fueron leídas como lo que vino después del secuestro. Como una consecuencia inevitable del terror.
El juicio de lesa humanidad Laguna Paiva II en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, que terminó el pasado viernes con la condena a tres represores y un exjuez, propuso mirar esas historias de otra manera. ¿Y si ese desamparo no hubiese sido solo una consecuencia o daño colateral? ¿Y si también hubiese formado parte del plan represivo? Esa es la pregunta que atravesó este proceso judicial inédito en el país. La sentencia, casi medio siglo después, reconoce por primera vez el abandono de niñas y niños durante la última dictadura como delito de lesa humanidad.
Tres familias desarmadas
La historia arranca en febrero de 1980. El blanco era Arnaldo Catalino Páez, referente regional del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y dirigente sindical del frigorífico Nelson. Pero para llegar hasta él, la patota del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía santafesina fue primero por sus hermanos, sus cuñados y sus compañeras. Fue desarmando, una por una, las ramas de su misma familia.
Los operativos comenzaron en Esperanza, siguieron por Esteban Rams y Ceres (provincia de Santa Fe) y terminaron en Lima, provincia de Buenos Aires, donde Catalino vivía junto a Juana Medina y sus siete hijos, después de años de clandestinidad y exilio interno. Cuando finalmente lo secuestraron, el 15 de febrero de 1980, también fueron detenidos Juana y Mario, uno de sus hijos, de 14 años.
Mónica tenía 12 y quedó al cuidado de sus hermanos. El más chico tenía apenas un año y medio. Durante algunos días siguieron trabajando en el horno de ladrillos donde vivía la familia para poder comer. Después fueron institucionalizados.
En otras casas de la familia pasaba exactamente lo mismo.
Padres y madres secuestrados. Viviendas saqueadas. Chicos y chicas buscando a quién pedir ayuda. En total fueron 16 niñas, niños y adolescentes alcanzados por la persecución: 11 fueron dejados sin ningún adulto que pudiera cuidarlos y cinco fueron secuestrados.
No fue un accidente. Para la querella, integrada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Rosario (a través de lxs abogadxs Federico Pagliero, Julia Giordano y Noelia Zarza), esa situación también integró el dispositivo represivo.
El terror también fue contra los cuidados
Hay una imagen bastante instalada sobre el terrorismo de Estado: la patota entrando a una casa para llevarse a alguien. Este juicio nos lleva a mirar qué pasaba cuando la puerta volvía a cerrarse. Porque cuando la dictadura se llevaba a una madre y a un padre al mismo tiempo no solo secuestraba personas, también rompía las tramas que sostenían sus cuidados.
Las hermanas mayores se convertían en madres de un día para otro. Había que dar de comer, cuidar a los más chicos, preguntar en comisarías, encontrar algún familiar que todavía estuviera libre. Pero muchas veces no quedaba nadie.
La persecución alcanzó simultáneamente a distintas ramas de la familia Páez-Medina. Incluso el miedo de vecinos y allegados a acercarse a los hijos e hijas de personas secuestradas terminó profundizando el aislamiento. Mirado desde los derechos de las infancias, el daño no empezó años después. Empezó cuando el Estado dejó a esas chicas y chicos librados a su suerte.
En el juicio Laguna Paiva II, Mónica Páez recordó el miedo que sintieron la primera noche, después de que se llevaron a su papá, a su mamá y a su hermano mayor y solo quedó el silencio y la ausencia después del operativo. “Ceferino, el más chico, tenía un año y medio y tomaba la teta. No sabía lo que era el chupete o la mamadera, así que no podía hacerlo dormir sin la teta. Así que le ponía mi dedo y se dormía. Así pasamos tres o cuatro días hasta que más o menos acostumbró al chupete”, relata.
En la casa había quedado el desorden, la saña de la patota, el destrozo de las pocas cosas que tenía una familia que fabricaba ladrillos para subsistir. “Acomodamos lo que pudimos y le fuimos a decir al encargado del horno si nos daba trabajo porque no teníamos para comer”, le dijo al tribunal, conformado por conformado por Ricardo Moisés Vázquez (presidente), Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta. Ella empezó a trabajar con Ramón, su hermano de 10. Carlos, de 8, también ayudaba y cuidaba a los demás niños, de 6, 4 y un año y medio.
Cuando Mónica fue a la Comisaría de Lima a preguntar por sus padres, le respondieron que era probable que estuvieran muertos.
Mario Páez, su hermano mayor, tenía 14 años. Cumplió 15 estando secuestrado-desaparecido en la sede del Departamento de Inteligencia (D2) de la Policía de Santa Fe. Lo llevaron secuestrado y golpeado junto a su madre, que estaba embarazada, y a su padre.
En ese lugar, un día le dijeron: «Ahora vas a ver la sorpresa que te vas a llevar». Reconoció que Riuli, a quien conocía de Laguna Paiva, trajo a su papá totalmente desfigurado por la tortura. Varias de las personas secuestradas, oriundas de Laguna Paiva, reconocieron a ese policía porque, además de ser represor, animaba fiestas y era locutor radial en la mencionada localidad.
El represor se acercó y le dijo: «Mirá, es tu viejo. ¿Lo reconocés?». “Sí, es mi padre”, le respondió. “Bien. Decinos lo que sabés, porque si no te va a pasar lo mismo que a tu viejo”. El joven, casi un niño, le contestó: «Yo no sé nada, hermano».
En ese momento vio que su padre sonrió. Tiempo después pudo preguntarle el por qué de esa sonrisa. Arnaldo Catalino Páez le respondió: “Porque era la única forma de demostrarte que me alegraba verte vivo, porque pensé que no te iba a ver nunca más”.
Juana y Mario recuperaron su libertad poco más de un mes después. A Arnaldo Catalino lo liberaron en 1984.
Un juicio nacido de otro
Las historias de esas infancias aparecieron durante el juicio Laguna Paiva —o Chartier— realizado en 2021. Mientras se juzgaban los secuestros de 11 militantes del PRT, los testimonios empezaron a mostrar otra dimensión de la persecución: chicos abandonados, menores secuestrados y el abuso sexual sufrido por una de las niñas de la familia.
Fue entonces cuando la APDH de Rosario impulsó una nueva denuncia para que esas violencias fueran investigadas por sí mismas. Así nació Laguna Paiva II.
En el banquillo están los expolicías de Santa Fe Eduardo Enrique Riuli, Oscar Cayetano Valdez y Antonio Parvellotti. También el exjuez federal Víctor Brusa, condenado por delitos de lesa humanidad y señalado por sobrevivientes como partícipe de los operativos y de interrogatorios bajo tortura durante la dictadura. En el momento de los hechos Brusa era secretario del juzgado federal. En 2009, en la emblemática causa Brusa de Santa Fe, fue condenado por su participación directa en tormentos y privaciones ilegítimas de la libertad dentro de centros clandestinos del circuito represivo de la ciudad. Era quien, mediante apremios ilegales contra las personas secuestradas y las obligaba a firmar declaraciones con los ojos vendados.
La presencia de Brusa en este juicio muestra, una vez más, la complicidad del Poder Judicial con la dictadura cívico-militar.
Ponerle nombre
Hay violencias que primero existen y mucho después encuentran las palabras para ser nombradas.
Los organismos de Derechos Humanos sostienen desde hace años que abandonar a niñas y niños no fue una consecuencia casual de los secuestros. Formó parte de una maquinaria represiva que también tuvo a las infancias entre sus blancos. Incluso los manuales de contrainsurgencia distribuidos por el Ejército Argentino a fines de los años ´70 contemplaban procedimientos específicos para menores durante los operativos.
Después de 46 años, la familia Páez-Medina volvió a contar esa historia en un tribunal. Ya no para explicar lo que vino después de los secuestros sino para decir que eso también fue el terrorismo de Estado. Y que dejar solos a esas chicas y chicos o secuestrarlos también fue una forma de ejercerlo.
La historia de estos 16 niños y niñas no es la única pero sí el primer caso que en lograr una sentencia judicial. Por ejemplo, en Mendoza se lleva a cabo una causa similar que aún no fue elevada a juicio.
Porque las infancias también fueron blanco del terrorismo de Estado. Y hoy, casi medio siglo después, la crueldad de su abandono fue reconocida por primera vez en un estrato judicial.
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