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Multiplicar lecturas: una campaña para que más libros lleguen a las infancias
En Chirimbote queremos que nuestros libros circulen, se compartan y lleguen a cada vez más infancias. Por eso, durante el
julio 31, 2026
Santiago Morales es investigador (UBA/CONICET), y co-coordina el Grupo de Estudios “Niñeces y Juventudes” del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA. Dice que los pactos entre familias para retrasar el celular son una propuesta válida, pero insuficiente, y plantea la urgencia de una ley nacional que regule los entornos digitales, limite a las plataformas y garantice derechos.
Niñas, niños y adolescentes crecen hoy inmersos en entornos digitales diseñados quirúrgicamente para capturar su atención la mayor cantidad de tiempo posible. Sin atenuantes.
A pesar de que existe abrumadora evidencia sobre los perjuicios que las plataformas digitales más utilizadas generan, la respuesta estatal y empresarial sigue siendo débil o inexistente, y no se han implementado políticas de regulación y protección que estén a la altura de la gravedad del impacto que estas tecnologías tienen sobre la salud y el bienestar de las nuevas generaciones. (Y ojo, las personas adultas no somos inmunes.)
Hace unas semanas fue noticia que un grupo de madres y padres de Mendoza acordó retrasar la entrega del primer smartphone hasta los 13 años y el acceso a la creación de un usuario propio en redes sociales hasta los 16. ¿El «acuerdo parental» es una estrategia válida? ¿Para cuidar a las niñas, niños y adolescentes tenemos que buscar replicarla? La respuesta rápida es que sí, considerando lo urgente de la crisis desatada. Pero vamos a profundizar un poco más.
Hoy, en Argentina, se suicida una persona de entre 10 y 19 años por día. Y entre las niñas y adolescentes mujeres de esa franja etaria, ya son los suicidios la principal causa de muerte. Estamos siendo testigos, en tiempo real, de un drama social sin precedentes.
Muchísimas niñas y niños están creciendo sin capacidad para jugar con pares, encerrados, capturados por los dispositivos electrónicos, y con importantes dificultades para relacionarse con pares o con personas de otras edades. Muchísimas y muchísimos adolescentes andan tristes, con desgano, sin proyectos, sintiendo que sus vidas no tienen sentido, que son de una mediocridad repugnante.
No existen evidencias científicas que demuestren que los smartphones sean indispensables para aprender mejor o para que las niñas, niños y adolescentes crezcan de manera más saludable. Tampoco hay pruebas que respalden beneficios sociales o sanitarios que justifiquen su presencia permanente en su vida cotidiana.
En cambio, sí abundan los estudios y las experiencias que muestran los problemas que genera el uso de dispositivos con acceso a Internet cuando se da sin límites, sin mediaciones adultas y sin criterios de cuidado.
Afortunadamente, la relación que las niñas, niños y adolescentes entablan con los dispositivos electrónicos ya se ha consolidado como un problema público. De modo que el abordaje debe superar las iniciativas solamente familiaristas o privadas.
Desde la llegada de los smartphones en 2007 y hasta no hace más de tres años, ni los Estados, ni los ministerios de educación, ni las escuelas, ni las familias nos detuvimos a pensar colectiva y críticamente el vínculo que niñas, niños y adolescentes iban construyendo con estos dispositivos. Muy por el contrario, durante la década de 2010 se promovieron múltiples políticas públicas que buscaban acercar a las nuevas generaciones a las tecnologías digitales, especialmente desde la educación.
En ese contexto, el mercado logró instalar con fuerza la idea de que los smartphones representaban, casi sin discusión, el camino hacia el futuro.
Fue recién después de la pandemia de Covid-19 cuando comenzaron a hacerse visibles, poco a poco, muchas de las consecuencias del uso problemático del mundo virtual, y en particular del uso intensivo de los smartphones. La pandemia obligó a trasladar al espacio digital el juego, la socialización y el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, acelerando de manera abrupta la virtualización de la vida cotidiana infantil.
Hoy sabemos que el uso acrítico, solitario y sin acompañamiento de estos dispositivos puede convertirse en consumo problemático o adicción, con efectos negativos en el desarrollo neurológico, cognitivo, emocional, físico y social. Además, la virtualidad sin marcos de cuidado expone a las niñas, niños y adolescentes al ciberacoso, al acceso involuntario a contenidos pornográficos y a la desinformación. A esto se suma que las lógicas algorítmicas de las redes sociales más utilizadas tienden a reforzar opiniones extremas, alimentando sesgos de confirmación y distintas formas de rechazo hacia lo diferente.
Ante la falta de marcos regulatorios e información pública clara al respecto, empieza a pasar que grupos de familias, equipos directivos de escuelas, o docentes aislados, toman iniciativa sobre qué hacer o cómo cuidar a niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. Hay experiencias muy interesantes al respecto a lo largo y ancho del país. Sin embargo, cabe hacerse cuatro preguntas, al menos para empezar.
¿El pacto parental es el mejor modo de cuidar a las niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, o es una medida de pseudo-emergencia ante la falta de marcos regulatorios públicos? ¿Qué pasa con las niñas, niños y adolescentes que crecen en familias, escuelas o junto a docentes que -por falta de información o de iniciativa- no están creando entornos de cuidado para que puedan habitar el espacio digital sin por ello ver vulnerados sus derechos?
¿Cómo garantizamos que todas esas iniciativas sean respetuosas de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el sentido de que no sólo se pongan en marcha estrategias prohibitivas, sino que también se busque enseñar a usar críticamente las tecnologías digitales? ¿Cómo hacer partícipes a las niñas, niños y adolescentes de la construcción de los estándares de cuidado y ejercicio de derechos?
Estas preguntas y muchas otras nos hicimos (e intentamos abordar) colectivamente en el reciente libro Conectar en tiempos de pantallas. Crianzas y consumos digitales en infancias y adolescencias, compilado por Jesi Farías y Nadia Fink (Ed. Chirimbote, 2025).
El pacto parental es una salida válida, pero porque no existen marcos normativos de protección y garantía de derechos. Es una salida colectiva interesante y necesaria en este contexto tan desértico en términos de cuidado; pero es insuficiente, porque no deja de ser una solución privada, de pocos para pocos. Necesitamos que las respuestas colectivas como el pacto parental sean, además, públicas, es decir, para todos.
Por otra parte, en la mayoría de los casos, los pactos parentales o acuerdos de familias para retrasar el uso de smartphones y redes sociales, si bien son experiencias de cuidado hacia las niñas, niños y adolescentes, suelen darse sin participación de las propias niñas, niños y adolescentes. De aquí la importancia de empezar a hablar de la necesidad de una ley nacional de protección y ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.
Una ley de este tipo podría fijar una edad mínima efectiva para abrir cuentas en redes sociales mediante sistemas confiables de verificación etaria, impidiendo —por lo menos— el acceso a menores de 13 años, tal como establecen las propias plataformas.
Además, debería exigir un filtrado riguroso de los contenidos recomendados a adolescentes, evitando la difusión de materiales que promuevan la violencia, el odio, la depresión, el suicidio o los trastornos alimentarios.
También podría restringir la publicidad de apuestas, alcohol, y otros consumos prohibidos para menores de 18 años, así como no permitir que las plataformas ofrezcan premios por mayor tiempo de uso, o que funcionen a base de las ya famosas recomendaciones variables intermitentes que generan consumo adictivo.
Medidas del estilo (entre muchas otras) favorecerían la creación de un entorno digital menos violatorio de los derechos más elementales de las niñas, niños y adolescentes. Dicho de otro modo, una ley regulatoria podría limitar los mecanismos que fomentan el uso compulsivo de las plataformas, habilitando un uso más consciente de los smartphones, en lugar de que sean los dispositivos los que nos usen.
En cualquier caso, lo más complejo no es cómo proteger y acompañar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, sino cómo lograr juntar voluntades para ponerle un freno a la desenfrenada búsqueda de las corporaciones digitales tecnológicas de maximizar sus ganancias sobre la base de provocar una pandemia de salud mental en las nuevas generaciones.
Cada vez en más contextos y ocasiones, niñas, niños o adolescentes afirman que quisieran usar menos el celular, que hubieran querido que les ofrezcan un celular no siendo tan pequeños, y muy fundamentalmente, que esperan ser más vistos y escuchados por el mundo adulto cercano (ese que ven sumergido dentro de las pantallas en su vida cotidiana).
De hecho, en mi último libro sobre adultocentrismo (escrito junto a Marta Martínez Muñoz, publicado por Ed. Chirimbote, 2025), contamos cómo chicas y chicos de diferentes países de América Latina y España demandan al mundo adulto, muy fundamentalmente, ser escuchados.
Pero no para que las personas adultas cercanas les respondamos con un “sí” a lo que piden o quieren, sino para sentirse respetados, valorados, reconocidos. Escuchar a las nuevas generaciones es fundamental para corrernos del adultocentrismo.
Pero escuchar no es decir a todo que sí: es reconocer que delante nuestro hay otra persona con gustos propios, miedos, deseos y necesidad de crecer y crear; otra persona con quien tenemos que dialogar, respetarnos y entendernos, no sólo “bajar” directivas y aprobar o desaprobar demandas.
De aquí la importancia de empezar a impulsar espacios de encuentro y de escucha intergeneracional para que las propias niñas, niños y adolescentes sean convocados a elaborar los diagnósticos que devengan en una regulación específica, junto a expertos y profesionales en la materia. Si son las personas a quienes queremos cuidar, necesitamos construir con ellas los criterios generales de cuidado. Caso contrario, estaríamos incurriendo en una violación de sus derechos.
Pero, además, estaremos impulsando una iniciativa condenada al fracaso. No tengo dudas de que una de las cuestiones que demandarán las niñas, niños y adolescentes es que las personas adultas en general demostremos con nuestro ejemplo que tenemos que entablar otro tipo de relaciones con los dispositivos electrónicos.
Las niñeces y adolescencias están siendo expuestas —sin resguardos ni regulaciones efectivas— a tecnologías diseñadas deliberadamente para generar dependencia. Pese a la contundencia de la evidencia sobre los daños que producen, los Estados y las empresas tecnológicas digitales vienen eligiendo la inacción, eludiendo su responsabilidad de intervenir con políticas de salud pública y de protección integral que pongan un límite a un modelo que lucra sobre la base del deterioro sostenido y profundo de la salud mental de la población más joven.
Estamos tarde. Pero más vale tarde que nunca.
Santiago Morales es sociólogo e investigador (UBA/CONICET), y co-coordina el Grupo de Estudios “Niñeces y Juventudes” del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA. Dedicado a temas de niñez, vínculos intergeneracionales y educación popular, es co-autor y co-compilador de los libros Niñez en movimiento: del adultocentrismo a la emancipación (2018), Educar hasta la ternura siempre (2021), Reinventar el mundo con las niñeces (2023) y Adultocentrismo, ¿qué piensan chicas y chicos? (2025; escrito junto a Marta Martínez Muñoz, todos de Ed. Chirimbote).
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